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ANUIES y USAID profesionalizarán a operadores del Sistema de Justicia Penal

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, y la Embajada de Estados Unidos de América en México, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, pusieron en marcha el Programa Suma de Voluntades para la Profesionalización y Certificación de Operadores y Comunicadores del Sistema de Justicia Penal, para reforzar la impartición de justicia en México. Durante la inauguración estuvieron presentes el Secretario de Educación Pública, el Mtro. Aurelio Nuño Mayer, el Procurador General de la República, el Dr. Raúl Cervantes Andrade, la Embajadora de Estados Unidos, Roberta S. Jacobson, el Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, el Mtro. Jaime Valls Esponda y los rectores de quince instituciones de educación superior.

La Embajadora Jacobson afirmó que “este programa aprovechará la fortaleza académica de las universidades para profesionalizar el capital humano encargado de la operación del Sistema de Justicia Penal. Los Estados Unidos permanecemos comprometidos en apoyar a México en esta transición histórica hacia un sistema penal más justo”.

Este Programa, comprometido con la legalidad y el Estado de Derecho, contribuirá a la profesionalización y especialización de los operadores a través de quince universidades. Dichas universidades cuentan con el Distintivo de Idoneidad Curricular otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la ANUIES, para su actualización en el Sistema de Justicia Penal.

Para la ANUIES el desarrollo de este programa representa una oportunidad inmejorable para la promoción de la cultura jurídica en el país, aportando a través de sus instituciones afiliadas, acciones concretas para la profesionalización de los responsables de operar el Sistema de Justicia Penal, con un enfoque en los derechos humanos, la equidad de género y en cultura de la legalidad.

El Programa consta de cuatro diplomados y tres especialidades dirigidos, fundamentalmente, a fiscales, asesores jurídicos, defensores de las víctimas y personas que instrumentan mecanismos alternos de solución de controversias, así como a estudiantes de derecho. Con esto se busca fortalecer las estrategias diseñadas por el Gobierno de México para darle continuidad a la instrumentación del referido Sistema.